En estos momentos de crisis educativa, cuando los estudiantes aún esperan inscripción por carecer de docentes en los centros educativos, en estos momentos de crisis económica cuando la canasta básica sobrepasa al salario mínimo, nos preguntamos: ¿Dónde están esas promesas de educación para todos y todas? ¿Qué calidad educativa puede existir sin maestros y maestras?
Ante este panorama socioeconómico y político nos vemos en la necesidad de recordar qué pasó en 2012 cuando los estudiantes normalistas ocuparon los establecimientos para demandar un proceso de diálogo en defensa de la educación pública. Ese proceso de diálogo nunca se llevó a cabo ya que las autoridades del Ministerio de Educación siempre respondieron con represión dentro y fuera de los establecimientos. En 2013 se intentó formular un nuevo proceso para recuperar el diálogo nacional que incluyera a padres de familia, docentes y estudiantes; sin embargo, eso no fue posible porque este gobierno ha dejado claro que no le interesa entablar conversaciones serias que conducirían a la defensa del Estado de Derecho y a garantizar el bienestar de la población como lo determina nuestra Constitución Política.
Es fundamental reconocer que las causas que generaron las Jornadas normalistas de 2012 y 2013 están presentes, pero sin la ayuda directa del magisterio organizado, ya que desde hace más de 7 años el sindicato patronal ha salido a las calles a exigir aumentos salariales y difícilmente se le ha visto demandando condiciones de trabajo. Un claro ejemplo de ello es lo que se comenzó a gestar en el 2007 con los procesos para "Reformar" la carrera de magisterio e
instaurar un bachillerato con orientación en educación que solamente ha generado un proceso paulatino de privatización de la educación pública.
Este proceso de privatización educativa se viene materializando porque los sindicatos pertenecientes a la Asamblea Nacional del Magisterio (ANM) son incapaces de manifestar al lado de los estudiantes, como lo hicieron en el año 2006 o en las jornadas de marzo y abril de 1960. No pueden ni quieren manifestarse en favor del estudiantado normalista ni del pueblo guatemalteco porque ya negociaron el escalafón magisterial con la propuesta de "Ley de la Carrera Docente". Con esta propuesta se ascenderá por meritos y no por tiempo de servicio, y argumentan que eso es lo mejor para la educación pública.
También obvian el proceso de privatización que se genera en la única universidad estatal del país donde solamente un 3% de los estudiantes logra acceder a la educación superior; porcentaje que se reduce más debido a los exámenes de "admisión", que perjudica a los estudiantes de escasos recursos económicos.
Todo esto se viene a sumar a la falta de recursos técnico-pedagógicos que no son suministrados a tiempo en los centros educativos, con niveles de corrupción alarmante y perjudicial para la comunidad educativa. Existen escuelas donde la mayoría de estudiantes están hacinados: ocupan aulas, diseñadas para 25 estudiantes, en las que los maestros y maestras deben atender de 40 a 50 alumnos, que reciben clases sin un ambiente pedagógico adecuado.
Si a eso agregamos que el gobierno pretende mejorar la calidad educativa aplicando "Estándares internacionales" concluimos que estas políticas de privatización de nuestra educación pública emanan de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Cooperación Internacional de Estados Unidos (USAID), la Cooperación Internacional de Alemania (GIZ), la Unión Europea (UE), entre otros.
Seguir pensando que la "Reforma educativa" es para todos y todas solo resulta en la práctica una mentira rotunda.
Solo al CIEN y ASIES les interesa este tipo de políticas privatizadoras de la educación pública porque siempre han trabajado al servicio de los poderes económicos del país.
Este es el momento de formular nuevas experiencias de organización, lucha y resistencia, que permitan que la comunidad educativa (padres de familia, docentes, estudiantes y organizaciones de la sociedad civil) puedan aportar a los procesos educativos, no demandando "calidad educativa" sino el derecho a la educación que todo guatemalteco y guatemalteca tiene, en su proceso formativo el cual permita tener un desarrollo económico, social, político y humanista en beneficio del país.
Las luchas por la educación deben ser compartidas y consensuadas, con el pueblo organizado (sindicatos clasistas, asociaciones de estudiantes, organizaciones sociales y padres de familia); esas luchas no pueden emanar de escritorios de tecnócratas que lo único que están generando es mano de obra calificada y barata al servicio de las multinacionales, transnacionales y empresarios por la educación.
Es momento de luchar por una educación al servicio de la clase trabajadora, no de la clase históricamente explotadora.
Comité Ejecutivo
Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco (SAMGUA)
Guatemala, 20 de enero de 2014
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